CONCLUSIONES DEL DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID.-
- UPyD estima que la consideración del profesor como autoridad pública no ha sido abordada por el Gobierno regional en su verdadera dimensión ni con todas sus implicaciones. UPyD estima que esa consideración no puede quedar limitada a la mera defensa penal del profesor, pues implica una necesidad técnica incuestionable para garantizar que la relación educativa se establezca de una manera racional y cumpla con los objetivos que tiene señalados.-
23 de septiembre de 2009
Este posicionamiento se articula en torno a cuatro ejes principales: Consideración del profesor como autoridad pública, Reforma de la Ley del Suelo y de la Ley de evaluación ambiental, Infraestructuras y Políticas sociales. Además, ofrece el posicionamiento del partido frente a las omisiones del discurso presidencial.
Consideración del profesor como autoridad pública
Como principal acierto de esta propuesta, UPyD destaca la apertura de este importante debate que se hallaba ausente de la vida política hasta que fue propuesto por nuestra formación.Sin embargo, el tratamiento dispensado por la Presidencia de la Comunidad adolece de importantes lagunas que restan alcance a las medidas propuestas:
- La regulación que se va a acometer sólo alcanzará al personal de los centros públicos, que según el código penal ya gozan de una protección igual a la de autoridad pública, por su condición de funcionarios públicos. Por lo cual lo único que implica de novedad es que sus declaraciones gocen de presunción de veracidad. UPyD considera fundamental ir hacia una regulación extensible a todo el personal docente con independencia de que ofrezcan sus servicios en centros públicos, privados o concertados, como recoge su propuesta en el Congreso. Con medidas de ese tenor se lograría que los efectos positivos que se esperan quedaran asociados a la figura del docente en general y no sólo a la del funcionario público, especialmente en lo relativo a la presunción de veracidad de los profesores de todos los centros educativos.- UPyD estima que la consideración del profesor como autoridad pública no ha sido abordada por el Gobierno regional en su verdadera dimensión ni con todas sus implicaciones. UPyD estima que esa consideración no puede quedar limitada a la mera defensa penal del profesor, pues implica una necesidad técnica incuestionable para garantizar que la relación educativa se establezca de una manera racional y cumpla con los objetivos que tiene señalados. Esa relación educativa implica igualmente a los padres; el reconocimiento del profesor como autoridad pública puede suponer, a juicio de UPyD, un instrumento clave para obtener un mayor compromiso e implicación de éstos en el progreso educativo de sus hijos.- El debate sobre la autoridad del profesorado forma parte de una problemática mucho más extensa que exige una reflexión en profundidad sobre la calidad de nuestra enseñanza. La profesión docente debe revestirse del prestigio que corresponde a las personas que asumen la responsabilidad de educar y formar a las próximas generaciones de españoles. Mejoras en los ámbitos de la selección del profesorado o la dotación de profesionales específicamente preparados para ejercer funciones como la dirección o la jefatura de estudios son consideradas por UPyD hitos fundamentales en la senda de una educación de calidad.- Finalmente, UPyD insiste en la necesidad de una Ley estatal única en materia de educación capaz de recoger en su articulado las medidas tendentes a garantizar esa calidad de la enseñanza y que extienda por todo el territorio nacional, como primera medida, la propuesta de UPyD para considerar al profesorado como autoridad pública.
Reforma de la Ley del Suelo y de la Ley de evaluación ambiental
Como principal acierto de estas propuestas, UPyD destaca la intención de trasladar el valor de la transparencia en materias tan sensibles como la gestión del suelo y la ambiental.
- No obstante, UPyD muestra igualmente su extrañeza por la completa ausencia de indicios que permitan establecer el modo en que esa deseable transparencia va a ser exigida a todos los agentes que se ven involucrados, de una forma u otra, en ámbitos tan sensibles como puedan ser la inversión en infraestructuras o la ordenación urbana. - El discurso sobre la transparencia ha quedado así reducido a una mera declaración de intenciones sobre la sostenibilidad. Haciéndose eco de la misma ineficacia del Gobierno central en estas materias, las reformas parecen limitarse a una serie de propuestas vacías con serias dificultades para concretarse en actuaciones efectivas de cara a la problemática que intentan atajar.- Una vez más, UPyD insiste en que la transparencia es necesaria extenderla a la contratación administrativa, tal como ponen de manifiesto los procedimientos negociados que han dado lugar a los casos de corrupción, en Madrid y en el resto de España, conocidos a lo largo de los últimos años.
Infraestructuras.
A juicio de UPyD, las administraciones públicas deben comprometerse inequívocamente con el desarrollo de las infraestructuras de telecomunicaciones en nuestra Comunidad, especialmente para garantizar un acceso rápido a Internet. Es necesario, que el gasto en infraestructuras se haga pensando en aquellas que ofrezcan un mayor volumen de retorno en capacidad productiva en el futuro. Gráficamente expresado, no todo consiste en la construcción de carreteras para favorecer un modelo de desarrollo urbano incomodo para los ciudadanos y derrochador de recursos.
Políticas sociales
El discurso del Gobierno regional en esta materia se centró en las políticas de Dependencia y Sanidad.
Dependencia:
En opinión de UPyD, el Gobierno regional y el partido que lo sostiene en la Asamblea de Madrid (Partido Popular) son insensibles a la problemática de la dependencia. Si todos los datos estadísticos abundan en esta misma consideración, lo hace igualmente el escaso peso que esta materia mereció en el discurso de la Presidenta de la Comunidad.Según el Imserso:
- Madrid es la Comunidad Autónoma con menos solicitudes por habitante de ayudas de dependecia y es la penúltima en número de prestaciones de dependencia por habitante.- Sólo 18.194 madrileños recibían alguna prestación a 1 de septiembre. Para que Madrid alcanzara sólo la media nacional sería necesario que a la misma fecha estuvieran atendidos 60.584 dependientes; es decir 42.390 familias estarían teóricamente desamparadas sólo considerando el peso relativo de Madrid en el conjunto español.- Un dependiente madrileño tiene 6 veces menos probabilidades de recibir las ayudas que establece la Ley que un andaluz, un vasco o un riojano. Esto es una quiebra del principio de igualdad entre los españoles que defendemos como partido y que establece la Constitución, a la vez que un trato injusto al dependiente madrileño.
UPyD exige que la gestión de la Dependencia se convierta en un asunto prioritario e insta a que se aplique la Ley en esta materia de manera decidida señalando, como un objetivo irrenunciable y realista, que Madrid alcanzara la media nacional de prestaciones en el plazo de 12 meses.
Sanidad
El Gobierno de Madrid no ha presentado, en este Debate, ni una sola propuesta novedosa en esta materia.UPyD reprocha al Gobierno regional que, en una situación de crisis económica como la que padecemos en la actualidad, se debe prescindir de medidas fáciles y de claro sabor populistas como la construcción de hospitales con cargo al actual presupuesto y a los venideros (ya que la gestión privada no exime de pagar el coste, sólo lo retrasa o simplemente si en el futuro no hay recursos se pagará con peores servicios). Muy al contrario, se precisan actuaciones tendentes a mejorar la eficiencia del gasto y, en consecuencia, a promover el ahorro en el gasto público. Junto a esta propuesta genérica, UPyD considera igualmente la necesidad de poner en práctica las siguientes propuestas:
- Recuperación de las competencias del Estado en materia sanitaria, con la intención de reconstruir un sistema armonioso de sanidad pública en toda España, creando fórmulas que sirvan para imponer principios rectores, de racionalidad del gasto, igualdad y equidad en las prestaciones a los pacientes en todas las comunidades autónomas.- Mejorar la cohesión de la sanidad en Madrid, con medidas como: la tarjeta sanitaria única, la homogeneización de los sistemas informáticos, la existencia de una cartera de servicios general de la Consejería de Sanidad para asegurar la igualdad en la asistencia, la homogeneización de la cartera de servicios en todas las áreas sanitarias, teniendo en cuenta la demanda real en cada especialidad y las recomendaciones de demanda mínima que permita una atención de excelencia, asegurar el acceso de todos los usuarios a las prestaciones de la cartera de servicios, ya sea en su institución sanitaria de referencia o en las que se habiliten como referencia, cuando las necesidades reales de demanda lo exijan.- Libre elección de médico de atención primaria: implementar las medidas necesarias para llevar a cabo esta demanda ciudadana que nunca se ha traducido en medidas efectivas del Gobierno regional.- Planificar la construcción de centros de salud en todas los distritos de la capital y municipios de la comunidad, para evitar masificaciones innecesarias y ayudar a ahorrar porque se evita la presión de la atención especializada. Esto atendiendo a la situación.
Omisiones significativas en el Discurso
UPyD estima que el discurso presidencial adolecía de tres importantes omisiones, relativas a la corrupción, la reforma de la administración y reducción del gasto público y el paro en la región.
Corrupción.
El problema de la corrupción política, en la que se han visto implicados en los últimos tiempos alcaldes e incluso diputados madrileños, no mereció ni una sola línea del discurso de la Presidenta regional. En cambio, UPyD considera que es éste un asunto de la mayor trascendencia por cuanto se erige en uno de los principales responsable del descrédito de la política entre los ciudadanos. La actitud generalizada entre los grandes partidos hegemónicos de lanzarse acusaciones cruzadas no hace sino agravar esta percepción entre los ciudadanos por lo que resulta imprescindible reconocer la existencia del problema y dilucidar claramente su alcance en los dos ámbitos políticos de la Comunidad: Corrupción municipal.Sus fuentes están estrechamente vinculadas con la gestión del suelo y la contratación administrativa. Por ello, UPyD propone:
- Profundizar en medidas tendentes a garantizar la transparencia de la gestión municipal.- La asunción de las competencias de urbanismo por una administración diferente de la local. Preferiblemente, la administración central.- La profesionalización de la gestión local a través de gerentes profesionales elegidos por su cualificación y no por criterios partidistas. - La finalización del clientelismo, el partidismo, el nepotismo y el amiguismo en las contrataciones de personal de la administración local.
Corrupción de la Comunidad de Madrid.
Los casos de corrupción en este ámbito suelen producirse por un uso fraudulento de las normas de contratación administrativa. Especialmente, a través de la fragmentación de los contratos para que su cuantía permita adjudicaciones sin concurrencia y sin publicidad, para acabar dando los contratos a quienes ya se había previamente elegido.
UPyD aboga por introducir reformas en las leyes de contratos para impedir la colusión entre cargos públicos y responsables de empresas.
UPyD aboga por introducir reformas en las leyes de contratos para impedir la colusión entre cargos públicos y responsables de empresas.
Reforma de la administración y reducción del gasto.
UPyD rechaza los argumentos presidenciales justificatorios de su política de reducción del gasto público y eleva las siguientes consideraciones:
- Las medidas de maquillaje ante la opinión pública -como la reducción de Consejerías o de sueldos de altos cargos- no permiten compensar el enorme gasto que se produce por la proliferación de entes administrativos (empresas públicas, entes, consorcios, observatorios, etc.) sospechosos de practicar nepotismo en su seno, con la colocación de los amigos y los próximos al partido del gobierno.
- Resulta urgente abordar la racionalización y eliminación de aquellos órganos administrativos que presentan duplicidades con la administración del Estado y la administración Local. - Urge evaluar las miles de subvenciones que se dan a empresas, sindicatos, etc, para determinar su rendimiento real, a fin de evitar cualquier dispendio económico que detraiga recursos para la mejorar de los servicios públicos. Cualquier otra consideración no puede responder sino a criterios de utilidad de los gobernantes por vía de la ceración de las redes clientelares que, lamentablemente, estos recursos han permitido crear.
- Una vez más, UPyD insiste en la necesidad de generar más transparencia en la administración. En este sentido, apuesta claramente por el uso de las nuevas tecnologías y el desarrollo de la administración electrónica que ofrece a los ciudadanos no sólo la simplificación de muchos procesos, sino la oportunidad de hacer un control democrático de la propia administración: seguimiento de los procesos de selección de empleados públicos, de la contratación administrativa, de los expedientes administrativos en trámite, etc.
Desempleo
UPyD muestra su extrañeza ante la falta de propuestas de la Presidencia de Madrid en lo relativo a políticas activas de empleo, especialmente en materia de formación.La parquedad de estas explicaciones lleva a UPyD a cuestionarse:
- Si el Gobierno regional ha procedido a evaluar los resultados de las políticas de formación emprendidas hasta la fecha.- Si existen compromisos para evitar la profesionalización de los servicios de formación, que hasta la fecha parecen destinados más al servicio de los intereses de organizaciones empresariales y sindicales que a procurar nuevas oportunidades a los desempleados frente a la crisis económica.
Política fiscal.
A juicio de UPyD el discurso de la Presidenta en materia fiscal pecó de falta de concreción.UPyD insiste en la necesidad de la contención del gasto público.
No se trata de anunciar bajadas de impuestos que sean ineficaces y cuyo resultado sea aumentar el apalancamiento (aumento de la deuda) de la Comunidad cuya amortización será responsabilidad de las futuras generaciones de madrileños. Se trata, por el contrario, de equilibrar las cuentas gastando recursos en lo que resulta verdaderamente necesario.
No hay comentarios:
Publicar un comentario