El mismo día que se ha hecho público que ayuntamientos gobernados por ANV han recibido 29 millones de euros del fondo estatal de inversión local, y dos días después de que el fiscal general del Estado considerara –por primera vez– "hiriente para la sensibilidad democrática" la existencia de estos ayuntamientos en manos de los proetarras, los socialistas vascos se han sumado a los separatistas en su rechazo a que el gobierno central disuelva estos consistorios de acuerdo a la Ley de Bases de Régimen Local, tal y como ha solicitado en el Parlamento Vasco UPyD con el apoyo del PP.
Si ya hemos denunciado la hipocresía del fiscal general pidiendo ahora una reforma innecesaria para la disolución de esos ayuntamientos, y recordando que fue él quien, con el visto bueno del Gobierno, calificó en su día de "limpias" y "no contaminadas" las listas de los proetarras que ahora gobiernan esos consistorios, el cinismo que han mostrado este miércoles los socialistas vascos en el parlamento autonómico no ha sido menor. También ahora ellos muestran "una repugnancia total" ante el hecho de que representantes de partidos ilegalizados que defienden el terrorismo, o no condenan la violencia, estén al frente de esos ayuntamientos. Sin embargo, y en fragrante incoherencia, los socialistas han votado en contra de su disolución alegando –en la misma línea de Conde Pumpido– un "encaje legal dudoso".
No hay más que leer la actual redacción de la Ley de Bases de Régimen Local para saber que la disolución de los ayuntamientos gobernados por los proetarras tiene perfecto encaje legal tanto con la letra y con el espíritu de una normativa que, tal y como está, ya hace referencia expresa a la "justificación del terrorismo" o el "desprecio y la humillación de las victimas" como causas de disolución.
La falsa "falta de encaje legal" con la que ahora se excusan los socialistas no busca más que encubrir –como en el caso de Conde Pumpido– su pasado apoyo al coladero que el Gobierno de Zapatero brindó a ETA para que pudiera burlar la Ley de Partidos. A la actual Ley de Bases del Regimen Local no le falta nada. Lo que falta es voluntad política a la hora de aplicarla. Prueba de ello es que si de verdad los socialistas creyeran que con la actual redacción de la ley no se puede proceder a la disolución, habrían pedido, con ese mismo objetivo y el mismo día en que el Tribunal Supremo ilegalizó a ANV, la reforma de la misma. Pero no lo hicieron entonces y ni siquiera lo hacen ahora para no tensionar innecesariamente sus relaciones con el PNV, partido con el que el PSOE no parece haber renunciado a llegar a nuevas componendas, tanto en Madrid como en Vitoria. Prueba de ello es que los socialistas han propuesto como alternativa a la petición de disolución, una fórmula que resulta completamente inoperativa sin el apoyo de los nacionalistas, tal y como es la moción de censura.
Así, solicitar al Gobierno vasco, tal y como han propuesto los socialistas, que promueva mociones de censura en los ayuntamientos gobernados por ANV no tiene por objeto más que disimular y marear la perdiz. Para empezar el Ejecutivo vasco puede perfectamente promoverlas sin que se lo tenga que pedir el parlamento. Pero, sobre todo, las mociones de censura tienen un ámbito local donde las formaciones ya pueden presentar, aun sin el respaldo del parlamento autonómico o nacional, esas mociones de censura. La diferencia es que mientras la disolución de los ayuntamientos gobernados por ANV no tiene por qué contar con el apoyo de quienes, como los nacionalistas, siempre han estado y están a favor de la legalización de los proetarras, la moción de censura sí que requiere de su apoyo. El resultado es que por no "provocar fisuras entre los partidos" –por utilizar la expresión empleada por el parlamentario socialista José Antonio Pastor– los socialistas han votado a favor del mantenimiento de un statu quo que, según ellos, les causa "repugnancia".
No hay comentarios:
Publicar un comentario