ARGUMENTOS CONTRA LA NADA

Video de UPyD.

Ciudadanos considera 'poco riguroso' y 'poco serio' el documento en materia de financiación presentado por Solbes

Rivera ha indicado que el Gobierno 'ha pretendido cumplir con un plazo pactado con el PSC' y que 'parece mentira que los pactos entre el PSC y el PSOE hagan ir de bólido a todos los ciudadanos'.

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía ha considerado “poco riguroso” el documento titulado 'Propuesta de Reforma del Sistema de Financiación de las CCAA' presentado este martes por el ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes.Albert Rivera, diputado autonómico y presidente de Ciudadanos, ha manifestado, en rueda de prensa, que el documento enviado por Solbes a las CCAA es “poco serio y solo sirve para que Montilla pueda comerse los turrones” antes de fin de año.Para Ciudadanos, “la ausencia de mecanismos de nivelación, al dejar fuera de la financiación asuntos tan importantes como Justicia o Infraestructuras, no garantiza la igualdad de los ciudadanos de España”.

Un documento mediático “estilo Zapatero”

Rivera ha indicado que la propuesta es poco seria, además, porque Zapatero no se ha reunido con todos los presidentes de las CCAA lo cual no puede cerrar todavía un acuerdo entre todas las administraciones autonómicas y el Gobierno del Estado.

Ciudadanos ha recordado, de la misma manera, que el Estatuto de Autonomía de Cataluña “está condicionando la formulación de la financiación de todas las CCAA”, y Rivera ha recordado que la financiación en el texto estatutario está recurrido ante el Tribunal Constitucional lo que la sentencia del Alto Tribunal puede condicionar el modelo final de financiación.

El presidente de Ciudadanos ha indicado que el Gobierno de Zapatero “ha pretendido cumplir con un plazo concreto pactado con el PSC” y ha dicho que “parece mentira que los pactos entre el PSC y el PSOE hagan ir de bólido a todos los ciudadanos y presidentes de las 17 CCAA”, y que todo el modelo de financiación autonómica de un país quede condionado por el Estatuto de Autonomía de Cataluña.

Rivera, finalmente, ha manifestado que “el documento presentado este martes es un documento mediático más al estilo Zapatero para salvar la cara al PSC”.

El PP no logra ni acercarse al PSOE y UPyD sigue con un crecimiento imparable

Segundo día de 2009 y tres primeras encuestas. El Mundo, La Vanguardia y Público coinciden: El PP de Rajoy no consigue ni acercarse al PSOE pese a la grave crisis económica, y sigue tres puntos por debajo, mientras UPyD mantiene un crecimiento espectacular.


(Libertad Digital) Según el diario de Pedro J. Ramírez, el desastre económico no ha permitido al PP acercarse al PSOE en intención de voto. Así, los socialistas lograrían un 42,6 por ciento, 2,9 puntos por encima del PP que obtendría un 39,7 por ciento.

Pero hay un dato que salta a la vista por encima de los demás. La encuesta de Sigma Dos le da una intención de voto al partido de Rosa Díez de 3,1 por ciento, casi el triple de los resultados que logró en las últimas elecciones generales. Aún más espectacular es la cifra que le da La Vanguardia: 5,8 por ciento, 4,6 puntos más que el 9 de marzo, convirtiéndose así en el tercer partido de España. IU se quedaría con 4,8 por ciento (sube un punto) y CiU con un 3,3 (tres décimas más).

El diario catalán da al PSOE un 40,7 por ciento, con una bajada de 3,2 puntos con respecto al 9-M, mientras que el PP bajaría un 2,2 por ciento pasando de los 39,9 puntos de hace nueve meses al 37,5 por ciento actual.

Mala imagen del Gobierno

Pese a que el PSOE sigue superando al PP en las encuestas, un 31,6 por ciento de los encuestados por El Mundo califica de mala o muy mala la gestión del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. Un 42,3 por ciento opina que es regular y sólo un 25,5 cree que es buena o muy buena.

Llama la atención, apunta el rotativo, que entre quienes aseguran haber votado al PSOE sólo un 4,1 por ciento opina que la imagen del Gobierno es muy buena.

Por su parte, el presidente de la Nación sigue siendo el político más valorado, con una nota media de 5,16 puntos sobre diez. Su adversario, Mariano Rajoy, vuelve a suspender y se queda en el 4,34. Por encima de él se sitúa la líder de UPyD; Rosa Díez no aprueba pero se queda en el 4,73.

La Vanguardia insiste, con matices, en estos mismos resultados. El periódico catalán apunta que Zapatero mejora hoy en cuatro puntos la tasa de confianza que suscitaba hace tres meses (ahora confían en él, según un sondeo del Instituto Noxa, un 41 por ciento de los consultados) mientras que Rajoy retrocede en igual magnitud y en este momento sólo un 20 por ciento confía en él. Se trata del peor registro del líder popular, que en marzo de 2008 cosechaba la confianza del 30 pro ciento de los ciudadanos.

Por su parte, Carmen Chacón sigue siendo la ministra más valorada del Gobierno. La titular de Defensa, la vicepresidenta y el de Interior, únicos miembros del Gabinete que logran aprobar. En la parte baja, Aído sigue siendo la menos valorada con un 3,8 de nota media, seguida de cerca por Magdalena Álvarez y Miguel Sebastián.

La otra encuesta que se puede leer en la prensa este viernes es la que publica el diario progubernamental Público. Destaca que si esta semana hubiera elecciones generales un 41,3 por ciento de los españoles daría su confianza en Rodríguez Zapatero. El PSOE se consolida, destaca, mientras que el PP "profundiza en una tendencia negativa". Según su Publiscopio electoral, un 38,9 por ciento de los votantes estaría dispuesto a dar su apoyo a Rajoy, tres décimas menos que hace un mes.

Ciudadanos solicita que todas las televisiones autonómicas públicas se puedan ver en abierto en toda España

El objetivo es, entre otras cosas, evitar de esta manera las 'barreras estanco en la televisión'.

El grupo parlamentario de Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía ha anunciado que ha presentado una propuesta parlamentaria, instando al Gobierno autonómico a realizar ante el Gobierno de Zapatero las gestiones necesarias, para que todas las televisiones autonómicas públicas se puedan ver en abierto en toda España.Para Ciudadanos, el objetivo es que “TV3 pueda verse en Salamanca y Canal Sur en Mataró”, por ejemplo, y evitar de esta manera las “barreras estanco en la televisión”.Según José Domingo, portavoz adjunto del grupo parlamentario de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña, “no debemos ser limitadores” en estos temas, por lo que es preciso “fomentar la interconexión en televisión en toda España”.

Fuente: http://www.ciudadanos-cs.org

MANIFIESTO POR UNA LENGUA COMÚN

Desde hace algunos años hay crecientes razones para preocuparse en nuestro país por la situación institucional de la lengua castellana, la única lengua juntamente oficial y común de todos los ciudadanos españoles. Desde luego, no se trata de una desazón meramente cultural -nuestro idioma goza de una pujanza envidiable y creciente en el mundo entero, sólo superada por el chino y el inglés- sino de una inquietud estrictamente política: se refiere a su papel como lengua principal de comunicación democrática en este país, así como de los derechos educativos y cívicos de quienes la tienen como lengua materna o la eligen con todo derecho como vehículo preferente de expresión, comprensión y comunicación.

1. Todas las lenguas oficiales en el Estado son igualmente españolas y merecedoras de protección institucional como patrimonio compartido, pero sólo una de ellas es común a todos, oficial en todo el territorio nacional y por tanto sólo una de ellas -el castellano- goza del deber constitucional de ser conocida y de la presunción consecuente de que todos la conocen. Es decir, hay una asimetría entre las lenguas españolas oficiales, lo cual no implica injusticia (?) de ningún tipo porque en España hay diversas realidades culturales pero sólo una de ellas es universalmente oficial en nuestro Estado democrático. Y contar con una lengua política común es una enorme riqueza para la democracia, aún más si se trata de una lengua de tanto arraigo histórico en todo el país y de tanta vigencia en el mundo entero como el castellano.

2. Son los ciudadanos quienes tienen derechos lingüísticos, no los territorios ni mucho menos las lenguas mismas. O sea: los ciudadanos que hablan cualquiera de las lenguas cooficiales tienen derecho a recibir educación y ser atendidos por la administración en ella, pero las lenguas no tienen el derecho de conseguir coactivamente hablantes ni a imponerse como prioritarias en educación, información, rotulación, instituciones, etc... en detrimento del castellano (y mucho menos se puede llamar a semejante atropello «normalización lingüística»).

3. En las comunidades bilingües es un deseo encomiable aspirar a que todos los ciudadanos lleguen a conocer bien la lengua cooficial, junto a la obligación de conocer la común del país (que también es la común dentro de esa comunidad, no lo olvidemos). Pero tal aspiración puede ser solamente estimulada, no impuesta. Es lógico suponer que siempre habrá muchos ciudadanos que prefieran desarrollar su vida cotidiana y profesional en castellano, conociendo sólo de la lengua autonómica lo suficiente para convivir cortésmente con los demás y disfrutar en lo posible de las manifestaciones culturales en ella. Que ciertas autoridades autonómicas anhelen como ideal lograr un máximo techo competencial bilingüe no justifica decretar la lengua autonómica como vehículo exclusivo ni primordial de educación o de relaciones con la Administración pública. Conviene recordar que este tipo de imposiciones abusivas daña especialmente las posibilidades laborales o sociales de los más desfavorecidos, recortando sus alternativas y su movilidad.

4. Ciertamente, el artículo tercero, apartado 3, de la Constitución establece que «las distintas modalidades lingüísticas de España son un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección». Nada cabe objetar a esta disposición tan generosa como justa, proclamada para acabar con las prohibiciones y restricciones que padecían esas lenguas. Cumplido sobradamente hoy tal objetivo, sería un fraude constitucional y una auténtica felonía utilizar tal artículo para justificar la discriminación, marginación o minusvaloración de los ciudadanos monolingües en castellano en alguna de las formas antes indicadas.

Por consiguiente los abajo firmantes solicitamos del Parlamento español una normativa legal del rango adecuado (que en su caso puede exigir una modificación constitucional y de algunos estatutos autonómicos) para fijar inequívocamente los siguientes puntos:

1. La lengua castellana es COMUN Y OFICIAL a todo el territorio nacional, siendo la única cuya comprensión puede serle supuesta a cualquier efecto a todos los ciudadanos españoles.

2. Todos los ciudadanos que lo deseen tienen DERECHO A SER EDUCADOS en lengua castellana, sea cual fuere su lengua materna. Las lenguas cooficiales autonómicas deben figurar en los planes de estudio de sus respectivas comunidades en diversos grados de oferta, pero nunca como lengua vehicular exclusiva. En cualquier caso, siempre debe quedar garantizado a todos los alumnos el conocimiento final de la lengua común.

3. En las autonomías bilingües, cualquier ciudadano español tiene derecho a ser ATENDIDO INSTITUCIONALMENTE EN LAS DOS LENGUAS OFICIALES. Lo cual implica que en los centros oficiales habrá siempre personal capacitado para ello, no que todo funcionario deba tener tal capacitación. En locales y negocios públicos no oficiales, la relación con la clientela en una o ambas lenguas será discrecional.

4. LA ROTULACION DE LOS EDIFICIOS OFICIALES Y DE LAS VIAS PUBLICAS, las comunicaciones administrativas, la información a la ciudadanía, etc... en dichas comunidades (o en sus zonas calificadas de bilingües) es recomendable que sean bilingües pero en todo caso nunca podrán expresarse únicamente en la lengua autonómica.

5. LOS REPRESENTANTES POLITICOS, tanto de la administración central como de las autonómicas, utilizarán habitualmente en sus funciones institucionales de alcance estatal la lengua castellana lo mismo dentro de España que en el extranjero, salvo en determinadas ocasiones características. En los parlamentos autonómicos bilingües podrán emplear indistintamente, como es natural, cualquiera de las dos lenguas oficiales.

Firmado por Mario Vargas Llosa, José Antonio Marina, Aurelio Arteta, Félix de Azúa, Albert Boadella, Carlos Castilla del Pino, Luis Alberto de Cuenca, Arcadi Espada, Alberto González Troyano, Antonio Lastra, Carmen Iglesias, Carlos Martínez Gorriarán, José Luis Pardo, Alvaro Pombo, Ramón Rodríguez, José Mª Ruiz Soroa, Fernando Savater y Fernando Sosa Wagner.

Puedes adherirte al manifiesto a través de las webs de UPyD y Ciudadanos.

La negación del nacionalismo español

"Yo no soy nacionalista y el Partido Popular nunca será nacionalista ni caminará por sus sendas como hacen otros". Lo dijo Mariano Rajoy en su discurso de presentación de candidatura ante el congreso del PP. Poco importa, por lo que parece, que minutos antes se preguntara: "¿Qué es lo que yo defiendo?". Y respondiera así: "Que la nación española no es ni discutible ni interpretable. Yo no estoy dispuesto a permitir que se interprete". Poco importa que acto seguido dijera que estaba dispuesto a dialogar con los nacionalistas "dejando a salvo la unidad de España, la soberanía nacional y la igualdad de los españoles". Cuestiones "sobre las que no vamos a aceptar ninguna consideración porque ellos están tan obligados a respetarlas como nosotros". Poco importa que defina al PP como "un partido nacional y coherente con sus principios y su idea de España". Pese a este ramillete de sentencias, y otras muchas más esparcidas a lo largo del discurso, Rajoy dice que él no es nacionalista. Realmente es ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el ojo propio. ¿Qué es este discurso, por otra parte el del PP de toda la vida, si no nacionalismo español? ¿Por qué Mariano Rajoy no se reconoce como tal? Al fin y al cabo, ¿qué tendría de extravagante que el que cree en la nación española como realidad "ni discutible ni interpretable" se proclame nacionalista español?

Esta confusión -deliberada o no- no es patrimonio exclusivo de Rajoy. Está muy extendida en todo el espectro ideológico español. Y se basa en el razonamiento siguiente: el nacionalismo es por definición excluyente; los nacionalismos periféricos son excluyentes porque definen unos paradigmas identitarios que convierten en figurantes o ciudadanos de segunda a los que no se identifican con ellos; la nación española no excluye a nadie, incluye a todos. Basta moverse dentro del propio discurso de Rajoy para comprender la falacia de este argumento. ¿No es excluyente un discurso que niega a los ciudadanos que ponen en cuestión la unidad nacional el derecho a discutirla?

Pero hay otro argumento falaz muy repetido para negar la existencia del nacionalismo español, que Rajoy también utiliza en su discurso: "No reconocemos los derechos colectivos sino los individuales". Yo también creo que los derechos son individuales, pero, por lo general, se conquistan y se defienden colectivamente. Lo cual no es un detalle menor. ¿Reconoce Rajoy a los ciudadanos de Cataluña la posibilidad de que en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y de asociación política proclamen que Cataluña tiene carácter de nación, como hicieron en su Estatuto, o esto no vale porque es un derecho colectivo? ¿Proclamar que España no es ni discutible ni interpretable, e imponer a todos la obligación de aceptarlo así, es la afirmación de un derecho colectivo o la negación de derechos individuales?

No deja de ser un poco obsceno -o abusivo- que el único de los nacionalismos triunfantes de todos los hispánicos, es decir, el único que ha conseguido pasar de potencia a acto y tener un Estado, sea también el único que se niega a reconocerse en la condición de nacionalista. ¿Por qué se niega? Por varias razones: porque negarlo es una manera de eludir su carácter impositivo (cómo se puede pretender que se ha impuesto una cosa que no existe); porque el nacionalismo español lleva un lastre pesado de la época en que era componente esencial del sistema ideológico del franquismo; porque reservar la etiqueta de nacionalismo para los nacionalismos periféricos es una manera de marcarles, de situarles en un estadio ideológico arcaico alejado de la música liberal contemporánea; y porque atribuyendo, por definición, a los nacionalismos periféricos un carácter excluyente, niegan que el nacionalismo español también lo tenga porque no existe.
No se me ocurre que Sarkozy, como cualquiera de sus antecesores, tenga vergüenza de llamarse nacionalista francés o cualquier presidente de Estados Unidos, nacionalista americano. Es impensable lo contrario. Sin embargo, ¿por qué se avergüenzan los nacionalistas españoles? Porque en el fondo hay cierta conciencia del carácter precario -y complejo- de la nación española. Porque saben que es un sentimiento muy extendido pero no compartido por todos y mucho menos indiscutido. Y porque creen que así satanizan mejor a los nacionalismos periféricos.

El discurso de Rajoy ha coincidido con los éxitos de la nación española de fútbol. Los rituales de la tribu se han desplegado alcanzando momentos de insoportable ruido sideral. Como en todos los nacionalismos. Nada se parece más a la celebración de una victoria de la selección española que la celebración de una victoria del Barça. Si alguna diferencia hay es de idiosincrasia: los españoles son un poco más exhibicionistas y extrovertidos que los catalanes. Pero, a mí por lo menos, me parecen igual de fatuas, igual de horteras, igual de nacionalistas. Ni más ni menos.

JOSEP RAMONEDA - EL PAÍS - 26/06/2008

Impresiones

El Gobierno aprobó ayer el impopular -por injusto- canon digital, que grava todos los soportes electrónicos susceptibles de almacenar información con tasas que oscilan entre 0,17 euros por cada CD y 3,15 euros por cada MP3. Este nuevo impuesto, con el que el Ejecutivo trata de compensar a los autores por los ingresos que dejan de percibir cada vez que se hace una copia de su obra, repercutirá inevitablemente en el precio final de la tecnología. El canon digital, concebido como un derecho de autor mal entendido, supone un sobregravamen indiscriminado. Zapatero castiga a todos los ciudadanos, con independencia del uso que hagan de los soportes tecnológicos, porque parte de la idea de que todos pirateamos derechos de autor y somos -por tanto- delincuentes en potencia. Puede ser lógico que las asociaciones de autores manifestaran ayer su satisfacción ante una nueva prebenda que redundará en sus beneficios con independencia de la calidad de sus obras. Pero no lo es que el presidente del Gobierno haga oídos sordos a las quejas de la multitud de ciudadanos que han protestado contra este impuesto preventivo. Baste recordar que la plataforma todoscontraelcanon presentó un millón de firmas en el Ministerio de Industria. Es además muy injusto que se graven por su rendimiento productos que ya han sido altamente fiscalizados en su origen. ¿Qué sentido tiene un CD o un DVD si no es para almacenar información? ¿No pagan los ciudadanos ya por lo que captan a través de sus teléfonos móviles? El Gobierno debería encontrar otro modo de perseguir la piratería. Tras la subida de la luz, esta nueva tasa socava aún más la capacidad adquisitiva de los consumidores y hace menos competitiva nuestra industria tecnológica, en comparación con la de EEUU o Asia.

EL MUNDO - 20/06/2008