Francisco Sosa Wagner es catedrático de Derecho Administrativo y candidato de UPyD al Parlamento Europeo. Su último libro publicado es Juristas en la Segunda República (Marcial Pons, 2009).
22 de mayo de 2009
Si yo critico, con mi pluma y mis razonamientos, la andadura iniciada en 2004 por el sistema autonómico español es porque ha suscitado unas polémicas extravagantes –el concepto de nación, los derechos históricos, la misma autodeterminación...–, orillando en cambio una reflexión seria sobre el funcionamiento concreto de áreas enteras de la actividad administrativa o de los servicios públicos más relevantes.
Quiero decir que, metidos en reformar unas leyes orgánicas como los estatutos de autonomía, podíamos haber aprovechado la ocasión para meditar acerca de realidades prosaicas: por ejemplo, sobre la educación o el urbanismo.
Respecto de la primera, una y otra vez somos suspendidos cuando nos examinan los observadores internacionales. Y en relación con el urbanismo, nada menos que el Parlamento Europeo ha propinado una sonora bronca a las autoridades españolas por nuestras leyes urbanísticas autonómicas, amenazando incluso con retirar fondos europeos si persistimos en mantenerlas en vigor.
Pero nada de esto se ha discutido. Al contrario, engolfados en debates bizantinos, vamos avanzando por una senda peligrosa sin que nadie se pare a pensar en el final del trayecto. Una visión ésta que comparte ahora alguien que se ha sentado durante muchos años en los bancos socialistas del Congreso, Luis Fajardo, en su libro ¿Hacia otro modelo de Estado? (Editorial Civitas, 2009). Y así van saliendo ocurrencias o chapuzas, algunas clamorosas, como es el caso de la gestión de las aguas públicas. ¿A quién se le puede ocurrir confiar a una ley con ámbito territorial determinado –un Estatuto de Autonomía– la regulación de un asunto que afecta al conjunto de España? En los países federales serios, Estados Unidos por ejemplo, hace mucho tiempo que la jurisprudencia ha atribuido a la federación lo más sustancioso de la administración hidráulica por encima de la legislación de los estados federados. Y lo que decimos de las aguas podríamos aplicarlo a la sanidad, a las medidas económicas ante la crisis, a la ley de dependencia o a las famosas licencias de caza y pesca. El mercado interior –lo han denunciado instancias representativas y neutrales, como el Consejo Económico y Social– está roto desde hace tiempo y el culebrón de la trasposición de la Directiva europea Bolkestein lo ha puesto de manifiesto de manera bien expresiva.
En el debate sobre la financiación sorprenden muchos de sus ingredientes, pero para mí el más espectacular es que, a su vista, nadie parece tener la responsabilidad de velar por la racionalidad del gasto público en su conjunto.Porque nadie duda de las necesidades de las comunidades autónomas ni de la buena intención de sus presidentes preocupados por el bienestar de los ciudadanos, pero alguien debería preguntar a esos mismos presidentes si a lo mejor no ha sido una imprudencia crear una Universidad en cada provincia o una televisión pública en cada región, o centenares de organizaciones que se solapan unas a otras, coincidentes en muchos de sus objetivos, tal como ocurre con en el caso de las empresas públicas, encadenadas ahora ya como racimos de un nuevo sector público que se estira y acicala, florido y macizo. Si la autonomía política es considerada una diosa, ¿de verdad es necesario que ardan en su pebetero a diario tantas y tantas ofrendas? Más aún: ¿hay detrás de todo esto un modelo de Administración pública o actuamos a salto de votación parlamentaria y a boca de amenaza nacionalista? Hace poco afirmaba una alta autoridad del Gobierno que, si existían algunas disfunciones, se debía a que el Estado en España se hallaba «en construcción ». Pues si es así, que nos enseñen los planos para saber a qué atenernos.
El caso es que, metidos en este embrollo, se nos ha olvidado que la construcción de Europa exige comparecer ante ella con un Estado cohesionado y bien articulado. Sin embargo, las nuevas previsiones estatutarias apuntan –como he razonado desde esta misma Tribuna– en la dirección contraria, y así lo ha puesto de manifiesto con buenas maneras y lenguaje terso el Consejo de Estado. Unión Progreso y Democracia, el partido por el que me presento a las elecciones europeas –cuya campaña comienza hoy– es europeísta, ya que no se puede estar a favor de la integración comunitaria y, a la vez, permitir que se fragmente dentro de España lo que se ha unido a lo largo de muchos años y de muchos avatares históricos. Defendemos que el Tratado de Lisboa se apruebe porque es un paso adelante y porque Europa se ha ido construyendo desde su nacimiento sobre la base de pequeñas conquistas que tienen su origen en aquella primera unión trenzada a partir del carbón y del acero.
Defendemos más Europa, no menos Europa. Y lo hacemos porque es indispensable dar vigor a las instituciones europeas al ser hoy los estados tradicionales impotentes para solucionar los grandes problemas de la civilización.
La mirada nacional es una mirada miope y la consolidación de vigorosos conjuntos públicos territoriales resulta una necesidad imperiosa. Sólo un poder público sólido y democrático es capaz de proteger a quienes no tienen más defensa en la vida que la proporcionada por las instituciones públicas.
Europa ha de disponer de una sola voz, y fuerte, ante las demás potencias mundiales, llámense Estados Unidos de América o los estados fortalecidos de Asia, o llámense organismos internacionales como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, etcétera. Hace unos días, una comisaria europea bien activa –Viviane Reding– planteaba el problema de la supervisión global de internet hoy confiada a una Agencia (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), independiente pero tutelada por EEUU. Desde Bruselas se pretende crear un organismo bajo la supervisión de un G-12 formado por representantes gubernamentales de las principales áreas geográficas del mundo. Éste es el camino que juzgamos correcto si se quiere defender la igualdad y la libertad de todos, los grandes emblemas que han hecho progresar a la Historia, intactos aún como faros que son de la Humanidad toda, inmunes a la acción del óxido.
Hay que pensar, además, en una Europa de los servicios públicos, hoy acogidos como valores capitales que han dado al continente una fisonomía que le permite posar con orgullo en el retrato de la justicia social en el mundo. Si Europa –aun con todas sus injusticias– es el espacio planetario más justo de cuantos existen se debe en buena medida a esta modesta técnica económica y jurídica que trata de garantizar a todos el acceso –más allá de su renta o del lugar donde vivan– de determinadas prestaciones sin las que la vida en colectividad sería sencillamente impensable: el agua, los transportes, las comunicaciones, la sanidad... Aún hay mucho camino por recorrer, porque los desafueros son palmarios, en España y fuera de ella, al subsistir servicios prestados en régimen de una absoluta precariedad, lo mismo que subsisten bolsas de poblaciones que viven ajenas al disfrute de bienes colectivos básicos. Para ello es indispensable Europa, para ello son indispensables sus instituciones, la mirada buida de sus ojos que, al estar posados al tiempo en tantos sitios, pueden contemplar –sin cegarse– una realidad irisada y compleja.
En fin, estas cosas cavilamos en UPyD cuando afrontamos unas elecciones como estas. Como igualmente pensamos en una España que ponga fin al bipartidismo, acaso útil en los años de asentamiento de la democracia, pero que ha devenido una pesada rémora para la actual circunstancia. Un bipartidismo que contribuye a crear un paisaje político espeso y que otorga a determinados partidos, que sólo ostentan la representación de una parte del territorio nacional, la llave para organizar el todo, según sus particulares aspiraciones. Es necesario un tercer partido político con implantación nacional: con un discurso único y válido para toda España. De vuelta de las experiencias comunistas, que han sembrado de horror y de injusticias la Europa del siglo XX, resta la opción de esta pequeña organización, que sin duda alberga aún muchos defectos, pero que piensa en España, «madre de paciencias y de encantamientos» según el vibrante cántico de Victoriano Crémer.
FUENTE: El Mundo
