MANIFIESTO POR UNA LENGUA COMÚN

Desde hace algunos años hay crecientes razones para preocuparse en nuestro país por la situación institucional de la lengua castellana, la única lengua juntamente oficial y común de todos los ciudadanos españoles. Desde luego, no se trata de una desazón meramente cultural -nuestro idioma goza de una pujanza envidiable y creciente en el mundo entero, sólo superada por el chino y el inglés- sino de una inquietud estrictamente política: se refiere a su papel como lengua principal de comunicación democrática en este país, así como de los derechos educativos y cívicos de quienes la tienen como lengua materna o la eligen con todo derecho como vehículo preferente de expresión, comprensión y comunicación.

1. Todas las lenguas oficiales en el Estado son igualmente españolas y merecedoras de protección institucional como patrimonio compartido, pero sólo una de ellas es común a todos, oficial en todo el territorio nacional y por tanto sólo una de ellas -el castellano- goza del deber constitucional de ser conocida y de la presunción consecuente de que todos la conocen. Es decir, hay una asimetría entre las lenguas españolas oficiales, lo cual no implica injusticia (?) de ningún tipo porque en España hay diversas realidades culturales pero sólo una de ellas es universalmente oficial en nuestro Estado democrático. Y contar con una lengua política común es una enorme riqueza para la democracia, aún más si se trata de una lengua de tanto arraigo histórico en todo el país y de tanta vigencia en el mundo entero como el castellano.

2. Son los ciudadanos quienes tienen derechos lingüísticos, no los territorios ni mucho menos las lenguas mismas. O sea: los ciudadanos que hablan cualquiera de las lenguas cooficiales tienen derecho a recibir educación y ser atendidos por la administración en ella, pero las lenguas no tienen el derecho de conseguir coactivamente hablantes ni a imponerse como prioritarias en educación, información, rotulación, instituciones, etc... en detrimento del castellano (y mucho menos se puede llamar a semejante atropello «normalización lingüística»).

3. En las comunidades bilingües es un deseo encomiable aspirar a que todos los ciudadanos lleguen a conocer bien la lengua cooficial, junto a la obligación de conocer la común del país (que también es la común dentro de esa comunidad, no lo olvidemos). Pero tal aspiración puede ser solamente estimulada, no impuesta. Es lógico suponer que siempre habrá muchos ciudadanos que prefieran desarrollar su vida cotidiana y profesional en castellano, conociendo sólo de la lengua autonómica lo suficiente para convivir cortésmente con los demás y disfrutar en lo posible de las manifestaciones culturales en ella. Que ciertas autoridades autonómicas anhelen como ideal lograr un máximo techo competencial bilingüe no justifica decretar la lengua autonómica como vehículo exclusivo ni primordial de educación o de relaciones con la Administración pública. Conviene recordar que este tipo de imposiciones abusivas daña especialmente las posibilidades laborales o sociales de los más desfavorecidos, recortando sus alternativas y su movilidad.

4. Ciertamente, el artículo tercero, apartado 3, de la Constitución establece que «las distintas modalidades lingüísticas de España son un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección». Nada cabe objetar a esta disposición tan generosa como justa, proclamada para acabar con las prohibiciones y restricciones que padecían esas lenguas. Cumplido sobradamente hoy tal objetivo, sería un fraude constitucional y una auténtica felonía utilizar tal artículo para justificar la discriminación, marginación o minusvaloración de los ciudadanos monolingües en castellano en alguna de las formas antes indicadas.

Por consiguiente los abajo firmantes solicitamos del Parlamento español una normativa legal del rango adecuado (que en su caso puede exigir una modificación constitucional y de algunos estatutos autonómicos) para fijar inequívocamente los siguientes puntos:

1. La lengua castellana es COMUN Y OFICIAL a todo el territorio nacional, siendo la única cuya comprensión puede serle supuesta a cualquier efecto a todos los ciudadanos españoles.

2. Todos los ciudadanos que lo deseen tienen DERECHO A SER EDUCADOS en lengua castellana, sea cual fuere su lengua materna. Las lenguas cooficiales autonómicas deben figurar en los planes de estudio de sus respectivas comunidades en diversos grados de oferta, pero nunca como lengua vehicular exclusiva. En cualquier caso, siempre debe quedar garantizado a todos los alumnos el conocimiento final de la lengua común.

3. En las autonomías bilingües, cualquier ciudadano español tiene derecho a ser ATENDIDO INSTITUCIONALMENTE EN LAS DOS LENGUAS OFICIALES. Lo cual implica que en los centros oficiales habrá siempre personal capacitado para ello, no que todo funcionario deba tener tal capacitación. En locales y negocios públicos no oficiales, la relación con la clientela en una o ambas lenguas será discrecional.

4. LA ROTULACION DE LOS EDIFICIOS OFICIALES Y DE LAS VIAS PUBLICAS, las comunicaciones administrativas, la información a la ciudadanía, etc... en dichas comunidades (o en sus zonas calificadas de bilingües) es recomendable que sean bilingües pero en todo caso nunca podrán expresarse únicamente en la lengua autonómica.

5. LOS REPRESENTANTES POLITICOS, tanto de la administración central como de las autonómicas, utilizarán habitualmente en sus funciones institucionales de alcance estatal la lengua castellana lo mismo dentro de España que en el extranjero, salvo en determinadas ocasiones características. En los parlamentos autonómicos bilingües podrán emplear indistintamente, como es natural, cualquiera de las dos lenguas oficiales.

Firmado por Mario Vargas Llosa, José Antonio Marina, Aurelio Arteta, Félix de Azúa, Albert Boadella, Carlos Castilla del Pino, Luis Alberto de Cuenca, Arcadi Espada, Alberto González Troyano, Antonio Lastra, Carmen Iglesias, Carlos Martínez Gorriarán, José Luis Pardo, Alvaro Pombo, Ramón Rodríguez, José Mª Ruiz Soroa, Fernando Savater y Fernando Sosa Wagner.

Puedes adherirte al manifiesto a través de las webs de UPyD y Ciudadanos.

La negación del nacionalismo español

"Yo no soy nacionalista y el Partido Popular nunca será nacionalista ni caminará por sus sendas como hacen otros". Lo dijo Mariano Rajoy en su discurso de presentación de candidatura ante el congreso del PP. Poco importa, por lo que parece, que minutos antes se preguntara: "¿Qué es lo que yo defiendo?". Y respondiera así: "Que la nación española no es ni discutible ni interpretable. Yo no estoy dispuesto a permitir que se interprete". Poco importa que acto seguido dijera que estaba dispuesto a dialogar con los nacionalistas "dejando a salvo la unidad de España, la soberanía nacional y la igualdad de los españoles". Cuestiones "sobre las que no vamos a aceptar ninguna consideración porque ellos están tan obligados a respetarlas como nosotros". Poco importa que defina al PP como "un partido nacional y coherente con sus principios y su idea de España". Pese a este ramillete de sentencias, y otras muchas más esparcidas a lo largo del discurso, Rajoy dice que él no es nacionalista. Realmente es ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el ojo propio. ¿Qué es este discurso, por otra parte el del PP de toda la vida, si no nacionalismo español? ¿Por qué Mariano Rajoy no se reconoce como tal? Al fin y al cabo, ¿qué tendría de extravagante que el que cree en la nación española como realidad "ni discutible ni interpretable" se proclame nacionalista español?

Esta confusión -deliberada o no- no es patrimonio exclusivo de Rajoy. Está muy extendida en todo el espectro ideológico español. Y se basa en el razonamiento siguiente: el nacionalismo es por definición excluyente; los nacionalismos periféricos son excluyentes porque definen unos paradigmas identitarios que convierten en figurantes o ciudadanos de segunda a los que no se identifican con ellos; la nación española no excluye a nadie, incluye a todos. Basta moverse dentro del propio discurso de Rajoy para comprender la falacia de este argumento. ¿No es excluyente un discurso que niega a los ciudadanos que ponen en cuestión la unidad nacional el derecho a discutirla?

Pero hay otro argumento falaz muy repetido para negar la existencia del nacionalismo español, que Rajoy también utiliza en su discurso: "No reconocemos los derechos colectivos sino los individuales". Yo también creo que los derechos son individuales, pero, por lo general, se conquistan y se defienden colectivamente. Lo cual no es un detalle menor. ¿Reconoce Rajoy a los ciudadanos de Cataluña la posibilidad de que en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y de asociación política proclamen que Cataluña tiene carácter de nación, como hicieron en su Estatuto, o esto no vale porque es un derecho colectivo? ¿Proclamar que España no es ni discutible ni interpretable, e imponer a todos la obligación de aceptarlo así, es la afirmación de un derecho colectivo o la negación de derechos individuales?

No deja de ser un poco obsceno -o abusivo- que el único de los nacionalismos triunfantes de todos los hispánicos, es decir, el único que ha conseguido pasar de potencia a acto y tener un Estado, sea también el único que se niega a reconocerse en la condición de nacionalista. ¿Por qué se niega? Por varias razones: porque negarlo es una manera de eludir su carácter impositivo (cómo se puede pretender que se ha impuesto una cosa que no existe); porque el nacionalismo español lleva un lastre pesado de la época en que era componente esencial del sistema ideológico del franquismo; porque reservar la etiqueta de nacionalismo para los nacionalismos periféricos es una manera de marcarles, de situarles en un estadio ideológico arcaico alejado de la música liberal contemporánea; y porque atribuyendo, por definición, a los nacionalismos periféricos un carácter excluyente, niegan que el nacionalismo español también lo tenga porque no existe.
No se me ocurre que Sarkozy, como cualquiera de sus antecesores, tenga vergüenza de llamarse nacionalista francés o cualquier presidente de Estados Unidos, nacionalista americano. Es impensable lo contrario. Sin embargo, ¿por qué se avergüenzan los nacionalistas españoles? Porque en el fondo hay cierta conciencia del carácter precario -y complejo- de la nación española. Porque saben que es un sentimiento muy extendido pero no compartido por todos y mucho menos indiscutido. Y porque creen que así satanizan mejor a los nacionalismos periféricos.

El discurso de Rajoy ha coincidido con los éxitos de la nación española de fútbol. Los rituales de la tribu se han desplegado alcanzando momentos de insoportable ruido sideral. Como en todos los nacionalismos. Nada se parece más a la celebración de una victoria de la selección española que la celebración de una victoria del Barça. Si alguna diferencia hay es de idiosincrasia: los españoles son un poco más exhibicionistas y extrovertidos que los catalanes. Pero, a mí por lo menos, me parecen igual de fatuas, igual de horteras, igual de nacionalistas. Ni más ni menos.

JOSEP RAMONEDA - EL PAÍS - 26/06/2008

Impresiones

El Gobierno aprobó ayer el impopular -por injusto- canon digital, que grava todos los soportes electrónicos susceptibles de almacenar información con tasas que oscilan entre 0,17 euros por cada CD y 3,15 euros por cada MP3. Este nuevo impuesto, con el que el Ejecutivo trata de compensar a los autores por los ingresos que dejan de percibir cada vez que se hace una copia de su obra, repercutirá inevitablemente en el precio final de la tecnología. El canon digital, concebido como un derecho de autor mal entendido, supone un sobregravamen indiscriminado. Zapatero castiga a todos los ciudadanos, con independencia del uso que hagan de los soportes tecnológicos, porque parte de la idea de que todos pirateamos derechos de autor y somos -por tanto- delincuentes en potencia. Puede ser lógico que las asociaciones de autores manifestaran ayer su satisfacción ante una nueva prebenda que redundará en sus beneficios con independencia de la calidad de sus obras. Pero no lo es que el presidente del Gobierno haga oídos sordos a las quejas de la multitud de ciudadanos que han protestado contra este impuesto preventivo. Baste recordar que la plataforma todoscontraelcanon presentó un millón de firmas en el Ministerio de Industria. Es además muy injusto que se graven por su rendimiento productos que ya han sido altamente fiscalizados en su origen. ¿Qué sentido tiene un CD o un DVD si no es para almacenar información? ¿No pagan los ciudadanos ya por lo que captan a través de sus teléfonos móviles? El Gobierno debería encontrar otro modo de perseguir la piratería. Tras la subida de la luz, esta nueva tasa socava aún más la capacidad adquisitiva de los consumidores y hace menos competitiva nuestra industria tecnológica, en comparación con la de EEUU o Asia.

EL MUNDO - 20/06/2008

El Defensor del Pueblo recibe más de cien quejas en 2007 por la inmersión lingüística que sufre Cataluña

Los ciudadanos rechazan la imposición del catalán como lengua prioritaria en la educación. Ayuntamientos, servicios de Salud y oficinas de Tráfico vulneran los derechos de los castellanoparlantes.

06/06/2008 La Razón

Los ciudadanos de Cataluña que quieren comunicarse con la Administración en castellano o que sus hijos reciban la educación en su lengua materna, si ésta no es el catalán, encuentran cada día más trabas. Así lo demuestran las más de cien quejas que recibió el año pasado el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, y que recoge en el Informe Anual 2007, que ayer presentó ante el Senado.
Este «número significativo de quejas», señala el documento, se debe a que «la libre elección de lengua y el ejercicio de la libertad lingüística cuando se opta por el empleo de la lengua castellana padecen frecuentes limitaciones», según los denunciantes. El Defensor del Pueblo, que tiene interpuesto un recurso de inconstitucionalidad frente a determinados puntos del Estatuto de Autonomía catalán, no puede tramitar estas quejas hasta que el Alto Tribunal se pronuncie.
La institución sí ha podido, sin embargo, «investigar» las relativas a las actuaciones administrativas «que presentaban indicios de posibles vulneraciones de los derechos lingüísticos de los ciudadanos». Son los siguientes:
Impresos y reclamaciones. El informe destaca la queja de una ciudadana porque una determinada oficina de trabajo de la Generalitat no le había proporcionado la versión en castellano de impresos que necesariamente había que utilizar para solicitar una prestación contributiva. Además, «el impreso que se le facilitó para formular la reclamación por la falta de disponibilidad de los impresos, se le proporcionó únicamente en catalán».
Ignorancia de la ley. Según la memoria anual, un determinado ayuntamiento de la provincia de Barcelona parecía desconocer el derecho de un ciudadano (reconocido en el artículo 9 de la Ley de Política Lingüística) a recibir las comunicaciones y notificaciones en castellano, solicitud que este vecino había realizado al consistorio «sin resultado positivo».
«Vacunado» en catalán. En el ámbito de la Sanidad, un ciudadano remitió una queja al Defensor «ante la expedición, únicamente en catalán», del documento que acreditaba que le habían sido administradas determinadas vacunas que tenía que recibir ante la realización de un viaje. Según el Servicio Catalán de Salud, se trataba de un documento de carácter interno de la administración sanitaria, a pesar de que facultativos de otras comunidades autónomas o, incluso, de otro país, podían requerir a esta persona la tarjeta de vacunación.
Multas a Valencia. Una ciudadana de Denia (Valencia) remitió una queja a la institución, porque había recibido en su domicilio una comunicación, en catalán, del Servicio de Tráfico de Lérida.
Cerca de un centenar de quejas remitidas a Múgica no pudieron ser tramitadas ya que la institución recibió un escrito del Síndic de Greuges en el que recordaba que, según el Estatuto catalán, éste tiene la competencia exclusiva para supervisar la actuación de la Administración de la Generalitat y organismos públicos. El Defensor del Pueblo, que ha impugnado ese artículo, tuvo, sin embargo, que dar por concluida su intervención en estas quejas.

18/05/2008 - Especial de El Mundo sobre la cuestión lingüística

Editorial

Increíble pero cierto: así se pisotean los derechos cívicos de millones de españoles
En la fotografía: Pablo Gay-Pobes (Plat. por la Libertad de Elección Lingüistíca, País Vasco), Marita Rodríguez (Asoc. por la Tolerancia, (Cataluña), Gloria Lago (Galicia Bilingüe) y Jorge Campos (Círculo Balear). Delante, Rosa Díez (diputada de UPyD) y Carmen Iglesias (presidenta de Unidad Editorial). / Foto: J. AYMÁ

Parece increíble y habrá quien piense que se trata de una exageración, pero la realidad es que los casi 15 millones de ciudadanos que residen en Cataluña, el País Vasco, Galicia y Baleares no pueden educar a sus hijos en español, la lengua oficial del Estado, que ha sido expulsada de las Administraciones autonómicas y del sistema escolar.
Así lo testimonian los representantes de cuatro plataformas cívicas de esas cuatro comunidades, que han denunciado en el Foro de EL MUNDO la persecución del español en sus lugares de residencia y el acoso que están sufriendo de las autoridades por defender el derecho de sus hijos a recibir enseñanza en su idioma materno.
De las cuatro comunidades, la única en la que se puede estudiar todavía en español es en el País Vasco. Pero el Gobierno que preside Ibarretxe aprobó un decreto en octubre pasado -sin pasar por el Parlamento vasco- que elimina el castellano a partir de septiembre del sistema educativo e instaura un único modelo de enseñanza en vasco.
Los responsables de Educación alegan que no hay demanda en español, lo cual es absolutamente falso porque la inmensa mayoría de los 220.000 habitantes de Vitoria habla exclusivamente en castellano y quiere que se eduque a sus hijos en esta lengua.
Es el mismo pretexto que se utiliza en Cataluña para no aplicar tres sentencias del Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad, que establecen que las autoridades tienen que garantizar el derecho a la escolarización en castellano. La Generalitat se niega a cumplir esta obligación legal con el pretexto de que ello significaría dividir a los niños y no da opción en sus impresos a que los padres puedan elegir.
De la amenaza a la subvención
La situación en Galicia es similar tras la política de inmersión que está impulsando el Gobierno de coalición entre los socialistas y los nacionalistas del BNG. La profesora gallega Gloria Lago da testimonio de que el español ha desaparecido de la enseñanza y de que, incluso, el mero hecho de hablarlo suscita rechazo entre la población adolescente que lo identifica con la extrema derecha.
La paradoja es que, sin embargo, el 80% de los padres gallegos se declara a favor de la libre de elección de lengua para educar a sus hijos, al igual que sucede en Cataluña, Baleares y el País Vasco, donde la gente se muestra partidaria de lo contrario de lo que se está haciendo.
En el caso balear, el Gobierno que preside el socialista Antich, coaligado con nacionalistas radicales como el PSM, está aprovechando el bilingüismo consagrado por el Estatuto de 1983 para imponer el catalán y borrar todos los rastros del español en la vida pública y en las escuelas.
Jorge Campos, presidente de Círculo Balear, denuncia las cantidades masivas de dinero que han recibido las asociaciones nacionalistas que defienden el uso del catalán, convertido también en instrumento de ideologización de los escolares.
El panorama es desolador porque en estas cuatro comunidades lo que hay es una política de inmersión lingüística, diseñada desde sus respectivos Gobiernos, para que el español sea una lengua sin presencia en la vida pública e institucional. El Gobierno de Antich ha llegado a prohibir la señalización bilingüe de las calles y la traducción al castellano de los documentos oficiales. En un reciente folleto editado por el Ejecutivo balear, se dice incluso que el español es una lengua para hablar en casa.
Estamos sencillamente ante un deliberado y planificado intento de utilizar la lengua como instrumento de construcción nacional, dejando de lado los derechos de los ciudadanos que sólo piden que se respete lo que dice la Constitución y lo que pedían los propios nacionalistas cuando, hace 30 años, se lamentaban de la hegemonía del castellano.
Movilización en la calle
Rosa Díez, invitada a nuestro Foro, subrayó la naturaleza política de esta discriminación y abogó por una reforma de la Constitución. En concreto, propuso la modificación del artículo 3, que señala que las lenguas cooficiales deben ser objeto de «especial protección», y la retirada de las competencias de educación a las comunidades.
Carmen Iglesias, presidenta de Unidad Editorial, aseguró que el uso de la lengua por los nacionalistas es «una perversión de la democracia» y una agresión a las libertades. Y afirmó que el problema no se resolverá hasta que los ciudadanos salgan a la calle, como sucedió con las víctimas de ETA.
La cuestión es cómo se puede luchar contra estas políticas, fuertemente subvencionadas por los Gobiernos nacionalistas, que, como resaltó el vasco Pablo Gay-Pobes, obligan al ahorcado a tejer su propia soga.
Gay-Pobes incidió en el dramático problema que van a tener que sufrir decenas de miles de estudiantes castellano-parlantes, a los que se les va a obligar el curso que viene a esa inmersión lingüística en vasco a pesar de que su lengua familiar y habitual es el castellano.
Si el español va a ser pronto erradicado de las aulas en el País Vasco, Cataluña va muy por delante en esta experiencia. La catalana Marita Rodríguez, profesora de física en un instituto, relató la persecución que está padeciendo por dar clases en castellano, algo que ya es muy inusual en Cataluña, donde se vigila para que los niños no hablen español en los recreos.
El testimonio de los representantes de estas plataformas resulta impresionante y debería ser tomado en serio por el Gobierno de Zapatero, que dice preocuparse tanto de las libertades y se le llena la boca con el republicanismo cívico, que hasta ahora ha fingido que el problema no existe y que las denuncias son la expresión de una minoría exaltada. No es así. Estamos, por el contrario, ante una vulneración de derechos y una violación de la Constitución que ya no es posible menospreciar.

¿Por qué UPyD no votó a favor?

Proposición no de Ley presentada por el grupo Parlamentario Popular

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley para garantizar el principio de igualdad, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos

El artículo 1.1 de nuestra Constitución propugna como uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico la igualdad, atribuyendo a los poderes públicos promover las condiciones para la igualdad del individuo y de los grupos en que se integre, sea real y efectiva, debiendo remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud.

Por su parte, el artículo 139.1 de la Constitución proclama que todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado, determinando en el siguiente artículo 119.1.1.ª que compete al Estado de forma exclusiva, la regulación de las condiciones básicas que garantizan la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales. Como tales derechos, la Constitución señala, entre otros, el derecho a la educación (art. 27.1); la asistencia y prestaciones sociales ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo (art. 11); la protección de la salud (art. 13.1); el disfrute de una vivienda digna y adecuada (art. 17); una suficiencia económica de los ciudadanos durante la tercera edad, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas (art. 50), así como el acceso en condiciones de igualdad a la Función Pública, de acuerdo con los principios de mérito y capacidad (artículos 23.2 y 103.3).

En otro orden de cosas, el artículo 3 de la Constitución prescribe que el castellano es la lengua española oficial del Estado, de tal modo que todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho de usarla, sin perjuicio de la cooficialidad de las demás lenguas españolas en las respectivas Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus Estatutos de Autonomía.

La igualdad entre todos los españoles como principio básico de nuestra Carta fundamental es, asimismo, pilar fundamental del Estado de las autonomías reconocido por el artículo 137 de la Constitución, que debe respetar y reconocer, como así manifiesta el Tribunal Constitucional, las posibles diferencias que pueda haber entre la legislación de las distintas Comunidades Autónomas, que no podrán implicar en ningún caso privilegios económicos o sociales, de acuerdo con el artículo 138.2 de la misma, garantizándose, en todo caso, un nivel mínimo en la prestación de servicios públicos fundamentales en todo el Estado español.

Recientemente el Tribunal Constitucional en su Sentencia de 12 de diciembre de 2007 ha reconocido que la igualdad de las posiciones jurídicas fundamentales de todos los españoles debe garantizarse por Ley de las Cortes Generales, según así resulta de los artículos 81.1 y 119.1 de la Constitución, debiendo asegurarse, en todo caso, un nivel de condiciones básicas similares en todo el territorio nacional a procurar en todos los ámbitos de influencia de las políticas propias del Estado social y de derecho.

Es por ello por lo que, a fin de asegurar y hacer eficaces los anteriores principios constitucionales, se interesa de la Cámara la aprobación de la siguiente

Proposición no de Ley
«a) El Congreso de los Diputados afirma que:
— Todos los ciudadanos tienen derecho a utilizar y estudiar en castellano en todas las etapas del sistema educativo, garantizando un bilingüismo equilibrado e integrador en las Comunidades Autónomas que tengan lengua cooficial, de tal modo que la lengua sea un instrumento de libertad y solidaridad al servicio de las personas, un vehículo de entendimiento y nunca una fuente de desigualdades
— Todos los españoles pueden acceder a la Función Pública y participar en los correspondientes concursos para la provisión de puestos de trabajo en condiciones de igualdad, sin que el conocimiento de la lengua cooficial en las Comunidades Autónomas en que la misma exista, sea un mérito determinante, por sí solo, de dicha acceso o provisión de puestos de trabajo.
— Todos los españoles deben tener asegurado, en cualquier lugar de España, el acceso a los recursos naturales esenciales y a la existencia proporcionada de un cuadro de derechos de protección social en materia de asistencia sanitaria, prestaciones en caso de desempleo, percepción de pensiones que garanticen la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad, de tal manera que no se produzcan diferencias económicas o sociales entre los mismos por razón de su residencia en una u otras Comunidades Autónomas.
b) El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación a adoptar cuantas medidas sean necesarias para hacer efectivos los anteriores principios constitucionales, asegurando los mismos en todo tiempo y lugar y removiendo los obstáculos que impidan o menoscaben su eficacia.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2008.—María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

BOLETÍN DEL CONGRESO - 09/05/2008

LA TERCERA ESPAÑA DEBE SER POSIBLE

Muchos de nosotros abogamos desde siempre por la fusión de C’s y UPyD. La campaña electoral nos obligó a ser prudentes y aparcar la reivindicación de una unión que creemos necesaria. Pasados los comicios, quienes creemos que la defensa de esa posibilidad es legítima, hemos decidido proponerla al conjunto de los afiliados de C’s. En ningún caso pendía de los resultados electorales; de hecho, habíamos anunciado hace semanas que la propondríamos inmediatamente después de las elecciones generales.

Y lo hacemos porque saber distinguir lo accesorio de lo esencial de las cosas, es vital para distinguir lo que es importante de lo que sólo es circunstancial y menor.

Por razones que casi nadie ha podido entender, Ciudadanos y Unión Progreso y Democracia han concurrido a las elecciones generales del pasado 9 de marzo por separado. Un programa muy similar en lo esencial y un fin compartido: Hacer de España un Estado de Ciudadanos libres e iguales vivan donde vivan del territorio nacional. Tales premisas parecían razones sobradas para concurrir juntos. Pero no fue posible. Lamentarse ahora o buscar culpables ya no tiene sentido. Si la incapacidad para ir juntos fue un error, persistir ahora en buscar culpables abundaría en él. Lo cual no debe impedir encontrar las causas contextuales que lo imposibilitaron para evitar repetirlas y argumentar sosegadamente por qué es mejor ir juntos que hacerlo por separado.

Para lo primero volveremos a la frase inicial: “Saber distinguir lo accesorio de lo esencial de las cosas, es vital para distinguir lo que es importante de lo que sólo es circunstancial y menor”.

La rapidez con que se precipitó el nacimiento de Ciudadanos como partido político, junto a su enorme capacidad para despertar en la ciudadanía una esperanza de regeneración democrática, sobre todo en aquellos ciudadanos que no encontraban encaje en ningún partido político clásico, atrajo a un variopinta diversidad de expectativas, ideologías e ilusiones que no facilitaron la cohesión de grupo como hubiera sido deseable. Ello ocasionó no pocas desavenencias e intentos de control del poder que en buena medida nada tenían que ver con el proyecto inicial de Ciudadanos y sí con intereses propios de la inmediatez de la lucha diaria por el poder. Este problema de falta de autoconciencia del proyecto de fondo de Ciudadanos queda bien reflejado en la falsa afirmación de que el triunfo de Ciudadanos en las autonómicas con 3 diputados salidos de la nada, fue fruto de un venturoso milagro cívico. Nada más lejos de la realidad; quienes venimos de una larga y silenciada resistencia de más de 30 años, sabemos que Ciudadanos fue la culminación de esa larga lucha. Precisamente uno de los más eficaces triunfos del nacionalismo ha sido haber podido silenciarla y ocultarla. La mayoría de la población civil nada sabe de ella e incluso los propios militantes que se acercaron a esta lucha a partir de los manifiestos de los 15 intelectuales desconocían o desconocen incluso hoy esa labor previa.

Como consecuencia de esa falta de visión en el proyecto histórico de Ciudadano, se acabaron por imponer las rencillas accidentales de la actividad diaria por el control del partido a la hora de culminar un acuerdo.
Un ejemplo ayudará a entenderlo. Sitúense en un encuentro de fútbol de una reñida final de liga donde el objetivo es ganar el partido y conseguir el trofeo; pero chances circunstanciales menores del juego enzarza a jugadores en una riña que acaban por convertirla en prioritaria frente a los objetivos últimos del partido: Jugar bien, ganar el trofeo. La consecuencia es la expulsión de uno de ellos o de ambos de un encuentro donde en lugar de reforzar a sus respectivos equipos, los dejan en inferioridad de condiciones.

Salgamos del ejemplo. ¿Que es lo accesorio y qué lo prioritario en el problema que nos ocupa? Lo prioritario es el PROYECTO: Conseguir la máxima representación electoral para tener capacidad de influencia en la vida política de la mano de un programa histórico: Regenerar la vida democrática de los partidos, devolver al Estado las competencias que los nacionalistas están utilizando contra él, garantizar los derechos lingüísticos de todos los españoles, no negociar con el terrorismo y aunar esfuerzos para vencerle, garantizar un Estado constitucionalmente laico donde tal condición no sea incompatible con el respeto a las creencias individuales; convertir el sistema educativo en el motor del conocimiento y de la libertad donde sea capaz de unir en lugar de separar; en fin, hacer de España una nación sin fronteras internas donde todos sus ciudadanos tengan los mismos derechos y los mismos deberes.

¿Y qué sería lo accesorio?: Lo accidental, todo aquello de lo que se puede prescindir sin afectar para nada a la esencia del proyecto. En una palabra, las circunstancias, como el nombre del partido, los cargos y los avatares de índole personal. No nacimos para atrincherarnos tras las siglas de nada, ni para idolatrar a personas o garantizar sine día circunstancias personales sino para llevar a cabo unas ideas concretadas en un proyecto común. Si tal proyecto tiene varios nombres y es dirigido por diversas personas y tal circunstancia lo entorpece en vez de fortalecerlo se han de buscar los lugares comunes, los nombres comunes, las personas comunes que le garanticen el vigor necesario. En ningún caso es de recibo que personas acabadas de llegar a este proyecto se atrincheren por motivos subjetivos en sus circunstancias y dilapiden el esfuerzo histórico de fondo por el cual ellos mismo llegaron a estar en este proyecto y sin embargo, ni siquiera ya son conscientes de él.

Por supuesto, el análisis de lo que es accesorio de lo que es esencial vale tanto para Ciudadanos como para Unión, Progreso y Democracia. Y han de ser, no sólo sus dirigentes sino sobre todo sus bases quienes sepan distinguir lo uno de lo otro y actuar en consecuencia.

Es de vital importancia que nos demos cuenta del momento histórico por el que pasa el Estado Constitucional español. Son esos trances históricos por los que en contadas ocasiones pasa una nación y la determinan a ser una cosa u otra. Y hoy estamos en uno de ellos. Ya que los dos grandes partidos nacionales son incapaces de darse cuenta de su empecinamiento, habremos de ser otros, quienes debamos poseer la serenidad y la fuerza necesarias para defender la unidad y la igualdad del Estado más antiguo de Europa. Y para nosotros, unidad es ante todo igualdad ante la ley.

Proponer esta fusión no significa en ningún caso renunciar a recuperar la ilusión inicial que nos llevó a vibrar en La Paloma o a conseguir 3 diputados el 1 de noviembre de 2006. Al contrario, de lo que se trata es de extender, fortalecer y cohesionar el colectivo para poder sumar mayores fuerzas capaces de preparar el proyecto de LA TERCERA ESPAÑA.

Antonio Robles,

en nombre de Izquierda Liberal.

Barcelona, a 10 de marzo de 2008.